El periodista Gregorio Vargas, padre del supuesto fallecido en el accidente de tránsito en la provincia de Nagua, el cual acusa al esposo de Vickiana y a la misma artista de haberle provocado la muerte intencionalmente a su hijo Eliezer Vargas de 23 años, se le ofreció la suma de casi 2 millones de pesos, para ser exácto un millón ocho cientos mil pesos y éste se lo encontró muy poco, al parecer quiere más dinero.
De igual manera a raíz de todo esto la pareja
de la artista, desde que la parte reclamante se ha rehusado a recibir la suma anteriormente mencionada, como indemnización del accidente de tránsito, han empezado a recibir amenazas, y la situación ha llegado hasta el punto que hombres desconocidos en vehículos no identificados se han aproximado a la residencia de la pareja a los fines de intimidarlo.
Es bueno que se sepa que a partir de esta fecha cualquier cosa que le pase, tanto a Vickiana como a su pareja los papeles se van a invertir y hacemos responsable a la parte acusadora, la cual es evidente y así lo han confirmado que lo único que desean obtener una suma millonaria fruto del lamentable accidente de tránsito, como si con
dinero el hoy occiso fuese a revivir.
De igual manera es evidente y se ha confirmado que el total interés de la parte acusadora de decir que el esposo de Vickiana era quien estaba manejando al momento del accidente, no tiene otra finalidad que no sea meter el nombre de la artista dominicana para de esa manera los medios de comunicación se hagan eco del show que ellos están montado.
Si no se tratara de Vickiana, y se tratara de una persona común y corriente, ellos hubiesen aceptado mucho menos de la mitad que se la ha estado ofreciendo.
De igual manera la oficina de abogados de la pareja artística en las próximas horas someterá ante el
consejo del poder judicial al Juez Emilio Angel Valentín Hernández, por este haber emitido una orden de arresto en contra de la pareja de la artista, sin cumplir las normas del debido proceso, tal y como lo establece la ley 76-02 en su artículo 225 numeral II.
Lo cual establece que un Juez puede emitir una orden de arresto siempre y cuando la persona que se es requerida no comparezca después de haber sido citada por las vías correspondientes, entiéndase mediante acto de Alguacil con un Ministerial que tenga competencia ante la jurisdicción que se valla a llevar dicho acto.
